27 de mayo de 2011

LA UNI Y COLEGIO MAYOR



Durante el largo periodo de Fujimori, después de la intervención militar en las universidades, quedaron desmanteladas todas las organizaciones estudiantiles, de docentes y trabajadores, o se pusieron a la cola de las autoridades. Ahora, estos centros de estudio han vuelto a ser feudos al servicio de los gobiernos de turno. En el largo plan del neoliberalismo puesto en marcha no hay lugar para la democratización de la educación, por el contrario la meta es privatizarla, y marginar a los hijos del pueblo que carecen de medios económicos.

Ello es palpable también en la UNI, el primer centro tecnológico del Perú, donde desde octubre de 1991 se creó la CEPREUNI con el pretexto de crear ingresos propios, expoliando la economía del pueblo, específicamente de los estudiantes preuniversitarios a quienes se les garantiza un porcentaje de las vacantes, elitizando el ingreso a la universidad contra aquellos que no pueden pagar exorbitantes sumas de dinero y deben dar el examen regular.

En la UNI se implementó, antes que en otras universidades, el decreto legislativo 739 que lesiona gravemente los de rechos de los estudiantes, porque apunta contra la gratuidad de la enseñanza, justifica la expulsión de estudiantes, los grados sin tesis, la docencia de profesores principales únicamente con título, etc.

Ahora, el gobierno de Alan García, ha creado la modalidad de ingreso a la UNI validando la nota de secundaria, siempre que sean alumnos de un colegio selecto llamado Colegio Mayor, experimento educativo del gobierno actual, y con el que el actual rector Aurelio Padilla, en 2010, se comprometió a otorgar 60 vacantes. De modo que los postulantes, si no provienen de CEPREUNI o del Colegio Mayor, por esta arbitrariedad están en desventaja, cuanto peor si más adelante se le ocurre a las autoridades dar más vacantes a estos engendros del neoliberalismo. Los jóvenes tienen derecho a una vacante en iguales condiciones, pero la conducta discriminatoria de las autoridades no cesará a menos que postulantes, estudiantes y profesores no calibren sus intereses y recuperen su capacidad organizativa, asumiendo la educación como un derecho y no como un privilegio. (Redacción)

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