1 de septiembre de 2011

EL MAGISTERIO NACIONAL Y LA LEY ANTILABORAL 29062

Los Maestros del Perú están vigilantes de lo que ocurra en el Sector Educación



MAGISTERIO NACIONAL A TRAVÉS DEL CONARE SUTEP HACE LLEGAR PLIEGO DE RECLAMOS A LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO, QUE RECOGE SUS NECESIDADES MÁS SENTIDAS, QUE FUERON BURLADAS Y NEGADAS POR LOS GOBIERNOS ANTERIORES.
Gracias a la posición y lucha correcta del CONARE SUTEP, sobre el proceso de Municipalización de la educación pública que se quería imponer en el Perú, con la presentación de Lerner en el Congreso, vemos que se está poniendo fin a este negro y fracasado plan; resultado de una lucha que han librado las fuerzas magisteriales, los padres de familia, autoridades municipales y regionales; pero esto, en modo alguno significa que la privatización de la educación haya concluido, pues mientras existan las normas neoliberales, persisten los mecanismos para profundizar este negro objetivo.

A lado de este problema, la derecha continúa con el propósito de mantener la negación al derecho al trabajo y la flexibilización laboral a través de la Ley antimagisterial 29062, lo que significa violentar los derechos conquistados por los maestros en arduas jornadas de lucha, motivo por el cual hace buen tiempo vienen luchando por su derogatoria. Cuando el actual presidente Ollanta Humala Tasso era candidato, él y su partido “Gana Perú” recogieron y ofrecieron la derogarla, creando cierta expectativa en los maestros, (que no dudaron en expresando su apoyo; pero después, mentores como Linch, Patricia Salas y Lerner sucesivamente han anunciado opiniones (como “queremos reformar la ley de CPM con una nueva ley de carácter meritocrática…, porque hasta ahora sólo una minoría está en la ley 29062, mientras los 270 mil docentes aún siguen en la Ley del Profesorado Nº 24029”, “falta implementar otros mecanismos de la ley 29062”, “tenemos que reforzar la meritocracia aumentando la remuneración del ascenso para que los maestros se animen” (refinar la carnada para que caigan en la trampa), “tenemos que reformular la evaluación…que sea confiable” y lo peor: “el saliente gobierno aprista ha tenido una buena intención con la ley de CPM 29062”; etc. En suma, pretenden mantener la reaccionaria Ley 29062, por ende, la flexibilización laboral que significa despidos y sólo contratas temporales. Nada le interesa la liquidación de los derechos magisteriales que parten de la estabilidad laboral; tampoco le interesa el derecho del pueblo a la educación gratuita científica, politécnica, democrática, transformadora y nacional. Ni una palabra sobre la privatización de la educación que día a día se profundiza y que se está convirtiendo en un vil negocio, atentatorio contra el derecho del pueblo.

Lo anterior es el punto de partida y problema principal de los trabajadores en la educación, la defensa de sus derechos conquistados y alcanzados en los beneficios que otorga la Ley del Profesorado 24029; y de parte de la derecha, la negación de ellos manteniendo y aplicando este objetivo neoliberal. Es cierto que la educación está en crisis y es responsabilidad del Estado, pero ellos para ocultar su responsabilidad difunden maliciosamente que es el magisterio, por ello el CONARE-SUTEP HA PLANTEADO LA NECESIDAD DE LA EVALUACIÓN.

Una evaluación de todo el sistema educativo: evaluación de las políticas educativas importadas que fracasan una y otra vez, precisamente, porque chocan con nuestra realidad, no responden a los intereses y necesidades del pueblo; evaluación del deficiente presupuesto asignado a educación, evaluación de la situación material y social en que viven los alumnos; evaluación de las políticas educativas y curriculares de las Instituciones Superiores de Formación Docente, evaluación de toda la burocracia instalada en el Ministerio de Educación y escalones, del papel de los medios de comunicación y claro está, evaluación docente en el aula de acuerdo a la Ley del Profesorado 24029. El magisterio y el pueblo no están de acuerdo con las evaluaciones políticas y punitivas amparadas en la nefasta ley 29062 que fuera promulgada de manera irregular, sin el consenso de los docentes y por la cual exigimos su derogatoria.

Los Maestros del Perú están de acuerdo con el cambio cualitativo y cuantitativo que debe darse en la educación del Perú yendo al fondo del problema, respondiendo a las necesidades e intereses de los pueblos y la Nación; a la vez, respetando sus derechos conquistados y que están amparados en la Ley del Profesorado 24029. Saludamos a la III Convención Nacional del CONARE SUTEP llevado a cabo en Lima el 27 de Agosto del 2011, donde se contempló la situación nacional e internacional, el problema educativo y magisterial, se señalaron tareas como la Jornada de lucha para el 14 de Setiembre en apoyo a las demandas de los maestros de Apurímac y Ayacucho, expresando solidaridad con la lucha del pueblo de Chile que exigen reformas para que la educación deje de ser un vil negocio y el Estado retome su función, asumiendo la gratuidad en los 3 niveles educativos; y preparando el Paro Nacional del Magisterio para el mes de Octubre, planteando trato directo con los Representantes Regionales del SUTEP y exigiendo la solución de su Pliego Mínimo de Reclamos presentado a las autoridades de gobierno.



Diomedes Pajonal Vabrialca.

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